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El sistema autonómico

La España actual es una monarquía constitucional y parlamentaria. El rey, aunque es el Jefe del Estado y el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, tiene un papel representativo y simbólico. La voluntad del pueblo español se expresa en las Cortes Generales, órgano que ejerce el poder legislativo, aprueba los presupuestos generales del estado y supervisa las acciones del gobierno. Las Cortes Generales comprenden dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso de los Diputados consta de 350 diputados elegidos por un período de cuatro años por sufragio universal. El Senado es la cámara de representación territorial. En la actualidad, el Senado está formado por 256 senadores elegidos por un período de cuatro años. 208 son elegidos por sufragio universal en las elecciones generales y los 48 restantes por las distintas comunidades autónomas. El Gobierno y la Administración ejercen el poder ejecutivo. El gobierno central está compuesto por el Presidente, los Vicepresidentes, los Ministros y los Secretarios de Estado. Sin embargo, sólo es obligatorio que existan el Presidente y los Ministros. Junto al gobierno central, encontramos los gobiernos de las distintas comunidades autónomas. El sistema autonómico constituye la auténtica singularidad administrativa de España.  

¿Qué son las comunidades autónomas?

Los términos "autonomía o comunidad autónoma" no existen en el vocabulario corriente de los ciudadanos españoles hasta 1975. Desde esa fecha importante, "autonomía o comunidad autónoma" son quizás unas de las palabras más repetidas en declaraciones políticas, informaciones periodísticas, comentarios de calle, etcétera.

El 20 de noviembre de 1975 muere el dictador Francisco Franco. Dos días después, el rey Juan Carlos I asume la Jefatura del Estado y se inicia la transición. La transición española deberá afrontar dos retos. En primer lugar, se pretende responder a las reivindicaciones históricas de los principales partidos nacionalistas con la construcción de un estado descentralizado. En segundo lugar, se busca un consenso político y social que sea la base de una Constitución ampliamente aceptada.

Con ese espíritu, en 1978 se aprueba la actual Constitución. Ésta, en su artículo 2, "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y las regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas." El título VIII (artículos 137-158) está dedicado al desarrollo pormenorizado de la organización territorial del estado español bajo la perspectiva autonómica.

Bajo los auspicios de la Constitución, se establecen diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas del norte de África (Ceuta y Melilla). En el momento de su establecimiento, las diferentes  comunidades autónomas optan por una de las dos vías de acceso a la autonomía previstas por la Constitución. Por un lado, el País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Canarias escogen la "vía rápida", la cual, según el artículo 151, supone la transferencia inmediata de ciertas competencias del Estado a las comunidades autónomas. El resto de las comunidades escogen la "vía lenta", la cual, según, el artículo 143, bloquea inicialmente y durante cinco años la transferencia de competencias. El caso de Ceuta y Melilla no es equiparable al de las comunidades autónomas. De hecho, desde 1995, estos enclaves españoles en Marruecos cuentan con un estatuto particular que está a medio camino entre el régimen municipal y el autonómico.

Frente a un hasta entonces estado unitario y centralista que concentraba todo el poder a un solo nivel, el estado autonómico realiza una distribución del poder en tres niveles administrativos: el Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales. El reparto de poderes se refiere no solamente al poder administrativo sino también al legislativo y el político, sin que ninguno de los tres niveles pueda invadir o interferir el ámbito de los otros.

Esta descentralización permite a las comunidades autónomas la creación y aprobación de leyes y reglamentos que no precisen para su plena validez la intervención del poder central. Asimismo, las Comunidades Autónomas tienen capacidad de autogobierno o de estructurarse orgánicamente con libertad, de acuerdo a sus tradiciones políticas o culturales y según sus características socioeconómicas. El gobierno del Estado no puede anular las decisiones de ninguna comunidad autónoma sino por razones de legalidad y las únicas limitaciones son las que establecen la Constitución y los Estatutos de Autonomía.

De este modo, cada comunidad autónoma fija su organización (instituciones de autogobierno, competencias, recursos) en los Estatutos de Autonomía, que se elaboran y aprueban por los representantes de cada comunidad, aunque después deben ser ratificados por las Cortes Generales del Estado. Las comunidades autónomas cuentan con un parlamento elegido por sufragio universal, un gobierno, un presidente, un tribunal de justicia y una administración propia.

El modelo autonómico español es un sistema  inspirado en parte en los Länder alemanes y en las regiones italianas. Es casi federal, pero no totalmente, ya que no todas las comunidades autónomas han asumido las mismas competencias. Como botón de muestra, hay comunidades como Cataluña o el País Vasco que tienen policía propia, gestionan la sanidad, la administración de justicia o los servicios penitenciarios, junto a otras comunidades que acaban de empezar a gestionar la educación o los servicios de desempleo.

Las competencias del Estado y de las comunidades autónomas

Según las competencias, podemos distinguir cuatro tipos de materias:

1.      Materias en las que las competencias son exclusivas del Estado: el estado tiene toda la competencia en una materia.

2.      Materias en las que las competencias son exclusivas de las comunidades autónomas: las comunidades autónomas tienen toda la competencia en una materia.

3.      Materias en las que el Estado se reserva las atribuciones de legislar, pero puede transferir a las comunidades autónomas la prestación de los servicios.

4.      Materias en las que el Estado sólo se reserva la competencia de aprobar las bases y la coordinación general. Cada parlamento autonómico debe regular la materia mediante una ley propia de acuerdo a esas bases.

Este reparto de competencias puede generar conflictos entre las distintas administraciones. El Tribunal Constitucional es el órgano judicial que se encarga de resolver los posibles conflictos de competencias entre el Estado y las Autonomías en cuanto a la constitucionalidad de las disposiciones legales estatales o autonómicas.

Una comunidad autónoma: Euskadi o El País Vasco

Euskadi, en español País Vasco, tiene como lenguas oficiales el vasco o euskera y el español. Su superficie es de 7.261 km2. La población vasca actual ha sobrepasado los 2'1 millones de habitantes, con una densidad cercana a los 300 habitantes por km2. La población se distribuye principalmente en núcleos urbanos de Vizcaya y Guipúzcoa con densidades de 530 y 350 habitantes por Km2 respectivamente, mientras Álava se sitúa en un índice de 90 habitantes por km2.

Al amparo de sus tradiciones y derechos, Euskadi queda conformado por los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, los cuales disponen de su propia administración, la Diputación Foral, y de sus órganos legislativos, las Juntas Generales. Sus respectivas capitales son Gasteiz, Bilbo y Donosti (en castellano Vitoria, Bilbao y San Sebastián).

El Lehendakari preside el Gobierno Vasco, que está formado por una serie de Consejeros que dirigen los distintos servicios de Economía, Interior, Justicia, Educación, Vivienda, Trabajo, etc. Su sede se halla en Vitoria-Gasteiz. El Parlamento Vasco, ubicado igualmente en Vitoria-Gasteiz, está formado por 75 escaños. Cada territorio histórico dispone de 25 escaños, pese a tener una población desigual. Como en el resto de las comunidades autónomas, la composición del Parlamento Vasco depende de los resultados de los distintos partidos políticos en las Elecciones Autonómicas. En las elecciones de cada autonomía sólo pueden votar los ciudadanos de dichas comunidades. Las elecciones autonómicas se convocan cada cuatro años, como también sucede con las generales. El mayor órgano de justicia es el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Mención especial merecen las relaciones de orden tributario y fiscal entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Administración del Estado español establecidas mediante el denominado Concierto Económico. Se trata de un pacto plurianual regulador de las citadas relaciones cuya tradición histórica se remonta a 1878. En virtud de dicho pacto, se reconocen a las instituciones de los territorios históricos vascos la potestad normativa fiscal, así como la gestión de sus impuestos. Es decir, el Concierto otorga a las instituciones vascas la capacidad de recaudar la práctica totalidad de los tributos vigentes y su posterior administración en función de sus propios presupuestos y los acuerdos con la administración central.

Además, Euskadi dispone de instituciones propias como la Ertzaintza, cuerpo de policía autónoma con más de 4.000 agentes, Eusko Irrati Telebista, ente público de radio y televisión, y Osakidetza, servicio de sanidad pública.